NOVEDADES DE LA LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (3)

Seguimos con los cambios en la Ley General Tributaria, concretamente en recursos y reclamaciones y la nueva obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero, para pasar a analizar los cambios en la Ley General Presupuestaria, la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cambios en recursos y reclamaciones

Se han introducido novedades en los recursos y reclamaciones contra sanciones. La interposición en tiempo y forma del recurso o la reclamación administrativaprovocará que los intereses de demora no sean exigibles hasta el día siguiente en que finalice el plazo voluntario de pago que se abra con la notificación de la resolución que ponga fin a esta vía, es de suponer que en el caso de que fuera desfavorable para el obligado tributario. Esto daría lugar a un nuevo cálculo de intereses de demora sobre el total de la sanción exigida, y a un desincentivo para los obligados tributarios con menores posibilidades financieras a la hora de utilizar los recursos o reclamaciones como método dilatorio de pago de las mismas, ya que al no establecerse un período de pago voluntario y correr los intereses de demora de forma inmediata salvo que hubiese posibilidad de segundo recurso.

Así mismo, se aclara que se podrán suspender las sanciones en los recursos de derivación de responsabilidad, tanto si el recurso se interpone por el sujeto infractor como por el responsable, no pudiendo recurrirse en ningún caso por este procedimiento la deuda principal. No será posible la suspensión de las sanciones por recurso o reclamación en los casos en que la derivación de responsabilidad sea por causa de acto culpable o negligente.

Se modifica el importe de la garantía a presentar para que se suspendan los actos impugnados mediante recurso de reposición y recurso económico-administrativo, debiendo garantizarse a partir de ahora el importe de la deuda, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que corresponderían en caso de que debiese ejecutarse la garantía, mucho mayores que los correspondientes al acto de suspensión. Una vez más nos encontramos con otra elevación de importe con carácter disuasorio, que el tiempo dirá si es útil o únicamente perjudica a los obligados tributarios con menores posibilidades financieras, como hemos comentado antes.

 Obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero  Mediante una nueva disposición adicional, se crea la obligación formal de facilitarpor los obligados tributarios la siguiente información:

  • Cuentas situadas en el extranjero abiertas en entidades bancarias o crediticias de las que sean titulares, beneficiarios, autorizados u ostenten cualquier poder de disposición.
  • Títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, o de la cesión a terceros de capitales propios, de los que sean titulares y estén depositados o situados en el extranjero, así como seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores y rentas temporales o vitalicias de las que sean beneficiarios por haberse entregado previamente un capital en dinero o bienes muebles o inmuebles, contratados con entidades residentes en el extranjero.
  • Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de los que sean titulares y estén situados en el extranjero.

Estas obligaciones se extenderán a aquellos que sean considerados titulares de acuerdo con el art. 4 apartado 2 de la Ley de prevención de blanqueo de capitales (persona/s física/s por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o realizar cualesquiera tipo de obligaciones; persona/s física/s que en último término posean o controlen directa o indirectamente más del 25% del capital de una persona jurídica o ejerzan dicho control por otros medios, salvo sociedades cotizadas en la UE o mercados equivalentes, y persona/s física/s que sean titulares o ejerzan el control de más del 25% de un instrumento o persona jurídica que administre o distribuya fondos, o si no están designados los beneficiarios, aquellos en favor de quienes se han creado o actúa principalmente el fondo).

Se considerará infracción tributaria grave no presentar en plazo o presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos estas declaraciones informativas, así como presentarlas por medios distintos  a los electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existiese la obligación de hacerlo por esos medios.

El incumplimiento de la obligación de informar sobre estos datos supondrá una multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos o aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros.

Si la declaración se presentase fuera de plazo sin requerimiento previo,la sanción sería de 100 euros por dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros. Y del mismo modo se sancionará la presentación de la declaración por medios distintos a los electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existiera la obligación de hacerlo por estos medios.

Cambios introducidos en la Ley General Presupuestaria

Se añade como nuevo supuesto de responsabilidad solidaria el de las personas o entidades que hayan sido responsables por acción o negligencia de la falta de pago de cualesquiera derechos públicos, y responderán hasta el valor de los bienes que se hubieran embargado o enajenado en su caso. La declaración de responsabilidad la realizará la AEAT en el caso de que haya asumido la gestión recaudatoria de dichos derechos, y se aplicará el régimen jurídico tributario.

Con este procedimiento se intenta que los que actúen con dolo, mala fe o negligencia en el pago a la Hacienda pública desde cualquier Administración no queden impunes y respondan con su patrimonio de los daños que hayan ocasionado, así como de las sanciones que les correspondiesen por su acción.

Cambios introducidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

 Respecto del IRPF se han introducido cambios en el método de estimación objetiva, con efectos desde 1 de enero de 2013, en las ganancias patrimoniales no justificadas y en el borrador del impuesto.

Respecto a la estimación objetiva del rendimiento empresarial, se rebaja el límite de exclusión del régimen de 450.000 euros a 300.000 euros para las actividades englobadas en los epígrafes de IAE 722 ( transporte de mercancías por carretera) y 757 (servicios de mudanzas).

Otro supuesto de exclusión es el de aquellas actividades a las que se aplique el 1% de retención, salvo en el caso de las empresas de transporte antes mencionadas, en las que el volumen de rendimientos íntegros del año anterior supere 225.000 euros, o 50.000 euros, si los rendimientos de retenedores fueran más del 50% del total.En el caso de que el año anterior fuera el de inicio de actividad, el importe se elevará al año.

Una vez más, en plena crisis, se introducen medidas que más que recaudatorias, bajo mi punto de vista, parecen disuasorias, y que van a hacer que haya gente que opte por no iniciar actividades por el alto coste que puede suponerles en gestión.

Se introduce como supuesto de ganancia patrimonial no justificada la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos en el extranjero de los que no se haya informado en plazo, tal y como se introduce en el nuevo articulado de la Ley General Tributaria. Estos bienes o derechos se integrarán en la base liquidable general del período impositivo más antiguo no prescrito susceptible de regularización, con los consiguientes recargos y sanciones que pudieran ocasionarse al contribuyente. No obstante, cabe la posibilidad de acreditar que la titularidad de los bienes o derechos se corresponden con rentas ya declaradas, o bien con rentas obtenidas en períodos impositivos en que no fuese contribuyente del impuesto.

La aplicación de este supuesto determinará la comisión de infracción tributaria muy grave, que se sancionará con multa proporcional del 150% del importe de la cuota íntegra resultante de esta ganancia, sin tener en cuenta a estos efectos las cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación procedentes de ejercicios anteriores o del mismo ejercicio que pudieran minorar la base imponible, la base liquidable o la cuota íntegra. Esta sanción será incompatible con las que se contemplan en la Ley General Tributaria para ganancias patrimoniales no justificadas o presunción de rentas.

Una vez más, nos encontramos con un régimen sancionador disuasorio y cuasi incautador, que tiene por objeto la persecución implacable de todos los bienes y derechos que se encuentren fuera de nuestras fronteras. No obstante, es fácil que ese régimen sea eludible en aquellos países que no tengan acuerdos sobre intercambios de información firmados con España, y que en caso de que haya posibilidad de que se firme uno de estos acuerdos, los asesores de los contribuyentes liquiden todas los bienes y derechos antes de que entre en vigor.

Con respecto al borrador de la declaración, deja de poder solicitarse por los contribuyentes, y pasa a poder ponerse a disposición de los contribuyentes por parte de la AEAT. Esto tiene implicaciones, ya que no existirá la solicitud del borrador, sino la potestad administrativa de remisión del borrador, con lo que la Administración podrá negarse a facilitarlo aunque el contribuyente lo exija.

Además, respecto a los extremos que contendrá el borrador, se facilitará el borrador cuando al contribuyente se le imputen rentas inmobiliarias, independientemente del número de inmuebles que posea, así como otras fuentes de renta que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con la información que pueda disponer la AEAT, con los límites y condiciones señalados por el mismo. A pesar de que la exposición de motivos habla de una “deslegalización de la delimitación del perfil del borrador”, todo hace pensar que podría actuar como un “chivato” a la hora de avisar al contribuyente a la hora de guiarle hacia qué rentas debe declarar, con lo cual se convierte en una especie de Gran Hermano tributario al que es casi imposible ocultarle rentas.

Cambios introducidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades

Se introduce dentro de las ganancias el mismo supuesto que en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, el de tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos en el extranjero de los que no se haya informado en plazo y su posible acreditación en contrario. Dicho queda que la incorporación fiscal de esos bienes o derechos tendrá efectos en los ejercicios siguientes a los de la imputación, por ejemplo si es un bien patrimonial susceptible de amortización o un derecho que ha generado rendimientos en años posteriores, con lo que la revelación de estos datos puede llevar a una rectificación de varios ejercicios de forma retroactiva.

El régimen sancionador será el mismo que se aplicará en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El lunes seguiremos con los cambios introducidos en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Gracias por leerme.

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