NOVEDADES DE LA LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (4)

Tras el fin de semana, retomamos el tema de las modificaciones realizadas en la Ley 7/2012, refiriéndonos en esta cuarta parte a los cambios legislativos producidos en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y en el art. 108 de la Ley del Mercado de Valores, en la Ley del Régimen Económico Fiscal de Canarias y en la Ley sobre Régimen Fiscal de Cooperativas.

Cambios introducidos en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

Para analizar las dos primeras modificaciones realizadas en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, hemos de analizar en primer lugar la nueva modificación sufrida por el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, que la convierte en una norma para evitar la elusión fiscl en el caso de sociedades de tenencia de bienes inmuebles.

Pues bien, de acuerdo con la nueva dicción de este artículo, estará sujeta al impuesto que corresponda según la naturaleza del contribuyente (si actúa como empresario, al Impuesto sobre el Valor Añadido, y en caso contrario, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) en concepto de transmisión onerosa de bienes inmuebles la transmisión de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario, cuando mediante esta operación se pretenda eludir el pago de los tributos correspondientes a la transmisión pura de los inmuebles propiedad de las entidades.

Se contemplan tres supuestos, ante los que sólo cabe la prueba en contrario, por los que se entiende el ánimo de elusión impositiva:

  • Cuando por la transmisión se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado por al menos el 50% de inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando tras adquirir el control, aumente su participación en ella.

  • Cuando a través de la transmisión se obtenga el control de una sociedad que posea valores que permitan controlar una sociedad con una composición de activo de al menos un 50% de inmuebles no afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando tras adquirir el control, aumente su participación en ella.

  • Cuando los valores que se transmitan se hubieran recibido por las aportaciones de inmuebles realizadas con motivo de la constitución de la entidad o de la ampliación de su capital, y estos inmuebles no se afecten a actividades empresariales y profesionales, y que entre la aportación y la transmisión de los valores no hubiese transcurrido un plazo mínimo de tres años.

Para computar el valor del activo, los bienes inmuebles se elevarán a sus valores reales a la fecha de transmisión o adquisición, y el sujeto pasivo deberá formar un inventario del activo a dicha fecha y facilitarlo a la Administración a requerimiento de la misma.

En las sociedades mercantiles, se entenderá obtenido el control cuando directa o indirectamente se alcance una participación en el capital social superior al 50%, computándose en caso de grupo de sociedades los valores del resto de sociedades que se posean.

Si los valores se transmiten a la propia sociedad tenedora de inmuebles para su amortización, se entenderá que se ha incurrido en el supuesto de elusión, siendo sujeto pasivo el accionista que como consecuencia de las operaciones obtenga el control de la sociedad, tal y como acabamos de describirlo.

En el caso de que la transmisión esté sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, la base imponible se determinará en proporción al valor de mercado de los bienes computables como inmuebles. En el caso de inmuebles aportados a la constitución o a la ampliación de capital de sociedades mercantiles, será la parte proporcional del valor de mercado de los inmuebles que fueron aportados correspondiente a las acciones o participaciones transmitidas.

Si la transmisión estuviese sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, se tomarán los siguientes valores para el cálculo de la base imponible:

  • En el caso de obtención del control directo de la entidad, la parte proporcional sobre el valor real de la totalidad de partidas del activo computables como inmuebles a efetos del impuesto que corresponda al porcentaje total de participación que pase a tenerse en el momento de obtener el control, o una vez obtenido, al porcentaje en que aumente la cuota de participación.

  • En el caso de obtención del control indirecto de la entidad, solamente se tendrán en cuenta los inmuebles de aquellas cuyo activo esté integrado al menos un 50% por inmuebles no afectos a actividades empresariales o profesionales

  • En el caso de transmisión de participaciones correspondientes a aportaciones de inmuebles a la constitución o a la ampliación de capital de sociedades, la parte proporcional del valor real de los inmuebles aportados en su día correspondiente a las acciones o participaciones transmitidas.

Como podemos ver, se excluyen las compras de valores cotizados, y se clarifica mucho más el sentido del artículo, utilizándose en todo caso la terminología contable para calificar los bienes inmuebles contenidos en el activo inmovilizado.

Como consecuencia, se elimina la excepción a la no sujeción al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de estas operaciones incluida en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se sujetan al impuesto los servicios y operaciones que se hubieran realizado en la transmisión de estos valores por los intermediarios correspondientes.

Respecto a la modificación al alza de la base imponible de aquellas facturas en las que se hubiese modificado por razón de concurso de acreedores, se modifica el momento de la misma a la conclusión del concurso en los siguientes casos: 

  • Auto firme de la Audiencia Provincial revocando en apelación el auto de declaración de concurso.

  • En cualquier momento del procedimiento, en cuanto se compruebe el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier otro medio o que ya no existe la situación de insolvencia.

  • Una vez terminada la fase común del concurso, cuando quede firme la resolución que afirme el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos.

Se crea tres nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo: 

  • En las entregas de inmuebles exentas de IVA en las que se renuncie a la exención.

  • En las transmisiones de inmuebles que hayan servido como garantía de una operación, siempre que la ejecución extinga total o parcialmente la deuda garantizada u obligue a que el comprador cancele la deuda.

  • En las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, y en las cesiones de personal para su realización, que sean consecuencia de contratos formalizados directamente entre promotor y contratista para urbanizar terrenos o construir o rehabilitar edificaciones, así como en los casos en que el destinatario sea a su vez el contratista principal u otros subcontratistas.

Estas tres figuras intentan evitar la elusión fiscal que se pueda producir, bien por la insolvencia del sujeto pasivo al cancelar la deuda, bien por el fraude que se pudiera producir por parte de promotores o contratistas y subcontratistas, así como por no empresarios ni profesionales que puedan actuar como promotores.

A continuación se modifica una mención que erróneamente seguía realizando la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido a un artículo de la anterior Ley General Tributaria, y pasa a mencionarse los artículos correspondientes de la actual, es decir, que en caso de que la rectificación de las cuotas repercutidas del impuesto impliquen un incremento del mismo, o que la rectificación de cuotas soportadas implique una minoración de la deducción inicialmente aplicada, y no medie requerimiento previo, a la declaración rectificativa se le aplicarán los recargos por declaración extemporánea y los intereses de demora contemplados en la Ley General Tributaria.

También se añade un nuevo caso de rectificación de cuotas repercutidas, cuando por una acción de reintegración concursal u otras de impugnación que se puedan realizar en el seno del concurso, la operación gravada quede sin efecto.

Así mismo, si la rectificación de las cuotas soportadas se debiese a que el acreedor ha presentado declaración de concurso, la rectificación de cuotas, que deberá hacerse en el período en que se ejerció el derecho a deducción de las mismas, no supondrá la aplicación de recargos ni de intereses de demora.

Si la operación gravada quedase sin efecto por el ejercicio de una acción de reintegración concursal u otras de impugnación  ejercitadas en el seno del concurso, si el adquirente inicial se encuentra también en concurso, deberán rectificarse las cuotas que se dedujeron sin que tampoco proceda la aplicación de recargos ni de intereses de demora.

Respecto al derecho a la deducción de las cuotas soportadas, se establece que en el caso de declaración de concurso, las cuotas soportadas con anterioridad a esta declaración pendientes de deducir deberán deducirse en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hubiesen soportado. Si no se hubiesen incluido en dichas declaraciones-liquidaciones, y siempre que no haya transcurrido el plazo de cuatro años desde el nacimiento del derecho a deducción, el concursado o, en los casos en que no lo realice el concursado o esté suspendido de facultades de administración y disposición, la administración concursal, podrán deducirlas mediante la rectificación de la declaración-liquidación correspondiente al período en que fueron soportadas.

Si mediase requerimiento de la Administración o actuación inspectora, las cuotas que no hubiesen sido contabilizadas con anterioridad podrán deducirse en la declaración-liquidación del período en que se contabilicen y en los siguientes, siempre y cuando no hubiere transcurrido el plazo de cuatro años antes mencionado.

Por vía reglamentaria se creará sendas declaraciones-liquidaciones en las que se reflejen los hechos imponibles que se hayan producido con anterioridad a la declaración del concurso de acreedores, en la que, a efectos de devolución de cuotas, se aplicará la totalidad de los saldos que queden por compensar de períodos de liquidación anteriores a esta declaración, y co posterioridad al concurso, que serán liquidados contra la masa, como hemos mencionado antes. De esta forma, se garantiza la neutralidad del impuesto para que la Administración no se vea perjudicada por el concurso.

En el apartado de infracciones, se introduce una nueva infracción tributaria, consistente en no presentar o presentar con datos incorrectos o incompletos las declaraciones-liquidaciones relativas a la salida de mercancías de zonas francas, depósitos francos u otros depósitos y al abandono de los regímenes fiscales y aduaneros especiales contemplados en la Ley, que se hubieran beneficiado a su entrada de un régimen especial de exención, o hubiesen sido objeto de entregas o prestaciones de servicios exentas. La sanción a aplicar sería una multa proporcional del 10% de las cuotas devengadas correspondientes a las operaciones no consignadas o consignadas de forma incorrecta o incompleta. No obstante, en el caso de abandono del régimen de depósito distinto del aduanero, la multa será esta misma siempre que la suma total de cuotas declaradas sea inferior al de las efectivamente devengadas en el período.

Finalmente, en los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa, se elimina la facultad de los adquirentes que tengan la condición de empresarios o profesionales para efectuar la renuncia a la exención de IVA por ser inmuebles de segunda mano. 

Modificaciones en la Ley del Régimen Económico Fiscal de Canarias 

Las modificaciones que se realizan en esta ley son exactamente las mismas que se han mencionado para el Impuesto sobre el valor Añadido, pero adaptadas al Impuesto General Indirecto Canario en los casos de: 

  • Inversión del sujeto pasivo en la entrega de inmuebles como ejecución de la garantía como pago total o parcial de una deuda.

  • Rectificación de cuotas inicialmente repercutidas mediante declaración-liquidación rectificativa de períodos anteriores, con recargo e intereses de demora.

  • Rectificación de cuotas inicialmente repercutidas por actos de reintegración concursal o impugnación del acto concursal.

  • Modificación al alza de la base imponible del impuesto al alza por conclusión del concurso.

  • Momento de deducción de las cuotas soportadas en caso de declaración del concurso.

  • Rectificación de cuotas inicialmente soportadas por acto de declaración de concurso sin recargo ni intereses de demora. 

Modificación de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 

Se trata de una modificación puntual, por la cual las competencias de comprobación de los requisitos para disfrutar de los beneficios tributarios pasan de los órganos de inspección tributaria a la Administración tributaria.

En el quinto y último artículo, nos centraremos en la limitación a los pagos en efectivo, uno de los temas más polémicos y peor explicados de esta modificación legal. Un saludo nuevamente, aprovecho para recordaros mi correo, mi Twitter, mi página de Facebook y en LinkedIn para cualquier asunto que necesitéis por este o por otros motivos y  para daros las gracias por leerme.

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Un comentario

  1. Hola, lo primero gracias por las entregas de los comentarios a la nueva ley.
    Segundo, creo que se está armando un revuelo de miedo, por el tema de la inversión del sujeto pasivo, en los casos de ejecuciones de obra para construcción o rehabilitación de edificaciones cuando el subcontratista es un “modulero” (pequeños albañileres, electricistas, carpinteros, yesaires, fontaneros etc), ¿qué pasa cuando facturan sin cobrar el IVA pero a final de año tienen que pagar la unidad del módulo con el mismo importe? ¿Esto mismo será de aplicación para todas las facturas realizadas desde el 31 octubre, con independencia de la fecha en que se realizaron las obras?Un saludo,

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