novedades de la ley de lucha contra el fraude (2)

Tal y como les comenté ayer, seguimos con los cambios en la Ley General Tributaria, esta vez en lo relativo a la prescripción y las infracciones y sanciones.

Cambios en la prescripción tributaria

 En el caso de la prescripción para exigir el pago de la deuda a los responsables solidarios, se extiende la excepción desde el momento en que se produzca el hecho que determine la responsabilidad del obligado por motivos de culpa al momento en que se produce el hecho que da lugar a la responsabilidad solidaria, siempre y cuando sea posterior al momento en que finaliza el plazo de pago del deudor principal.

Respecto a la interrupción de la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante liquidación, se introduce un nuevo supuesto de prescripción, que es aquel en que la Administración realice acciones de reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de otra obligación tributaria distinta por incorrecta declaración del obligado tributario. Esto abre la posibilidad de interrumpir la prescripción de obligaciones tributarias conexas, por ejemplo, que una inspección del Impuesto de Sociedades pueda interrumpir no solo la prescripción de éste, sino también de impuestos conexos como retenciones, IVA u otros impuestos estatales a la hora de realizar una nueva liquidación de los mismos. Esto, a ojos de cualquiera, es un evidente perjuicio para el contribuyente, ya que hace que en un mismo acto de investigación se puedan interrumpir los plazos de prescripción de varios impuestos en varios momentos del tiempo, siendo casi una potestad supratributaria y supratemporal que rompe todos los límites que hasta ahora existían respecto de las facultades e investigación de la Administración.

Con respecto a la interrupción de la prescripción del derecho a liquidar causada por declaración de concurso, se aclara en la modificación legal que se iniciará de nuevo el cómputo cuando la resolución judicial de conclusión del concurso sea firme o, si se aprobase un convenio, cuando la deuda fuese exigible, para las deudas sometidas a convenio, y para las no sometidas al mismo, en el momento en que este convenio se apruebe. De esta forma la Administración se asegura que un procedimiento concursal excesivamente largo en el tiempo no perjudique sus intereses de liquidación y cobro.

La Ley añade que la suspensión de la prescripción del derecho a reclamar el pago de las obligaciones tributarias por causa de litigio, concurso u otras respecto del obligado o de alguno de los responsables causa el mismo efecto sobre el resto de responsables solidarios, sin perjuicio de que se puedan continuar las acciones de cobro contra ellos. Esto puede hacer que la acción de pago de una deuda se alargue en el tiempo mucho más que por el efecto de la interrupción de la prescripción se venía alargando hasta ahora., y que ningún responsable se vea beneficiado por el instituto de la prescripción en caso de que el concurso se prolongue.

Cambios en las medidas cautelares y potestad investigadora

Respecto de las medidas cautelares que puede adoptar la Administración para asegurar el cobro de la deuda tributaria, se podrán adoptar desde que se pueda acreditar motivada y suficientemente que concurran los presupuestos de frustración o grave dificultad en el cobro, siempre respetando los límites de proporcionalidad, necesidad y no perjuicio de la medida.

Si en el procedimiento de comprobación e investigación se formaliza querella o denuncia por delito contra la Hacienda pública o se dirige proceso judicial por este delito, podrán adoptarse medidas cautelares por parte de la Administración sin intervención judicial. En el caso de que la investigación del delito no fuese consecuencia de un procedimiento de comprobación o investigación, sólo podrán tomarse medidas cautelares tras la incoación de diligencias (sean de investigación o penales) por el Ministerio Fiscal. Estas medidas podrán dirigirse contra cualquiera de los responsables directos o subsidiarios del pago de las cuantías según el Código Penal. La medida se comunicará al interesado, al Ministerio fiscal y al órgano jurisdiccional y se mantendrá hasta que el último la convierta en medida jurisdiccional o la levante.

Además, se ha añadido una disposición adicional decimonovena, por la cual se otorga a los órganos de recaudación de la AEAT competencias para investigar, bajo supervisión de la autoridad judicial y sin perjuicio de las facultades previstas para la Policía Judicial, el patrimonio que pudiera estar afecto al pago de los importes asociados a los delitos fiscales. De tal forma que podrá seguir ejerciendo facultades de solicitud de información, de comprobación de bienes, de realización de informes patrimoniales y de adopción de medidas cautelares, debiendo comunicarse todas estas actuaciones de forma inmediata al juez penal. Además, el juez puede decidir que los órganos de recaudación realicen también actuaciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la persecución de los delitos fiscales.

Con esta medida se le está dando a la Administración Tributaria una potestad investigadora e incautadora en caso de delito fiscal que en algunos casos puede resultar excesiva, pero para otros puede resultar conveniente, ya que puede evitar alzamientos de bienes que en un proceso judicial lento hagan que no pueda cobrarse una deuda tributaria de consideración. Bajo un punto de vista personal, hubiese sido más útil crear un órgano intermedio que obligar a Recaudación a realizar tareas parapoliciales, que cargarán a sus funcionarios de más trabajo.

Un nuevo caso que se regula es la indisponibilidad de los bienes inmuebles titularidad de una sociedad cuyas acciones o participaciones se le hubieran embargado a un obligado tributario que ejerza el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de dicha sociedad. La Administración podrá realizar anotaciones preventivas de la prohibición de disposición en el Registro de la Propiedad justificando la relación de control. Contra esta medida solo cabe recurso por falta de algún presupuesto de hecho. La medida se levantaría cuando se extinguiese el embargo sobre los títulos, o bien cuando su mantenimiento pudiera producir perjuicios de difícil o imposible reparación, debidamente acreditados por la sociedad. Con esta medida se intenta evitar que el socio, mediante la venta de inmuebles, vacíe de valor los títulos embargados, sobre todo en sociedades de tenencia de inmuebles.

Respecto a los bienes o derechos embargables que hayan sido entregados o confiados a personas o entidades de crédito o de depósito, podrán extenderse el embargo a todos aquellos bienes o derechos que estén en poder de dichas personas o entidades, aunque no se hubiesen identificado por la Administración; este embargo se realizará dentro del ámbito (estatal, autonómico o local) de la Administración ordenante del embargo, con el objeto de que una Administración no realice embargos que superen su ámbito territorial en este tipo de entidades.

 Cambios en infracciones y sanciones

Se incluye en la Ley General Tributaria un nuevo supuesto de infracción: presentar las autoliquidaciones, declaraciones o documentos aduaneros que aparejen pagos por medios distintos a los telemáticos, cuando se estuviese obligado a hacerlo por esos medios. En este caso, la infracción se calificaría como grave y aparejaría multa fija de 1.500 euros. Si se tratase de requerimientos individualizados o declaraciones informativas referidas a datos no expresados en magnitudes monetarias, la sanción en este caso será de 100 euros por dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros. En caso de que estos requerimientos o declaraciones se refiriesen a datos expresados en magnitudes monetarias, la sanción será del 1% del importe de las operaciones declaradas por medios distintos, con un mínimo de 1.500 euros.

Se establecen nuevas sanciones en el caso de que se produzca resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración en el curso de un procedimiento de inspección.

En caso de que se trate de personas o entidades que no realicen actividades económicas, tendremos multa fija de 1.000 euros, si no se comparece o no se facilita la actuación o la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento, multa fija de 5.000 euros en el plazo concedido para el segundo requerimiento, y si se trata del tercer requerimiento notificado, nos encontramos con dos sanciones distintas: si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, será una multa proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas, y si no se refiere a magnitudes monetarias o se desconoce su importe, multa proporcional del 0,5% de la base imponible del impuesto personal sobre la renta del sujeto infractor (IRPF, IRNR o IS) del último ejercicio declarado en el momento de comisión de la infracción, ambas con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000 euros.

Si se trata de personas o entidades que realicen actividades económicas y la infracción se refiere a aportar o examinar libros, registros, ficheros, programas o sistemas operativos o al incumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas y locales y el reconocimiento de elementos o instalaciones, la multa pecuniaria consistirá en el 2% de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio declarado en el momento de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros. En caso de falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos, facturas u otros justificantes, si no se comparece o no se facilita la misma en el plazo fijado en el primer requerimiento, habrá multa fija de 3.000 euros. Si se trata del segundo requerimiento, la multa fija pasa a ser de 15.000 euros. Si se trata del tercer requerimiento y el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas, habrá multa pecuniaria proporcional de la mitad del importe de las operaciones requeridas, i si no se refiere a magnitudes monetarias o se desconoce su importe, multa proporcional del 1% de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio declarado en el momento de cometerse la infracción, ambas con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

En todos estos casos, si se diese cumplimiento al requerimiento antes de finalizar el procedimiento sancionador, la multa se reduciría a la mitad.

Como podemos ver, se trata de un régimen sancionador en caso de inspección bastante duro, en el que se pretende una vez más convencer a través del “palo” sancionador en vez de mediante la dialéctica de la “zanahoria”.

Respecto a la imposición de sanciones no pecuniarias por infracción grave o muy grave, se establece el plazo de inicio del procedimiento en el plazo de los tres meses desde la notificación efectiva o tácita de la correspondiente sanción pecuniaria, con lo que transcurrirán en momentos distintos en el tiempo y procedimientos distintos. Esta modificación tiene como fin favorecer la operatividad de las sanciones no pecuniarias.

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2 comentarios

  1. María Maroto · · Responder

    Osea ¿que se nos acabó lo de pedir ampliaciones de plazo en la inspección? Tendremos que tener muy presente este régimen para calcular las sanciones de una Inspección.

    1. Creo que el tema de pedir ampliaciones de plazo lo van a hacer mucho más estricto a partir de este momento. La discrecionalidad del cuerpo de Inspección respecto a dar más plazo para aportar información o recopilar datos seguirá existiendo, pero la paralización de los plazos de prescripción y los posibles intereses de demora que pueden acarrear si estuviésemos dilatando lo inevitable obligan casi a pactar si no las tienes todas contigo. Pero si tienes datos suficientes para demostrar que los hechos que expone la AEAT son inexactos, inciertos o inválidos, se puede pedir una ampliación de plazo sin problemas.

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