NOVEDADES DE LA LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE (y 5)

Para finalizar los artículos relativos a la Ley 7/2012, hablamos en éste de la novedosa limitación de pagos en efectivo, que necesita, bajo mi punto de vista, ser aclarada en todos sus términos.

Limitaciones en los pagos en efectivo

En el único artículo que no rectifica una ley preexistente, se regula un régimen de limitación de los pagos en efectivo novedoso en nuestra legislación, pero que ya existía con otros matices en distintas legislaciones europeas y occidentales, y de cuya motivación antifraude no podemos dudar.

A efectos de esta norma, se considerará efectivo, tal y como lo describe la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales:

  • El papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros.

  • Los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda.

  • Cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador

No podrán pagarse en efectivo aquellas operaciones en que alguna de las partes actúe como empresario o profesional y que tengan un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera. En caso de que el pagador no tenga su domicilio fiscal en España y no actúe como empresario o profesional, este importe será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.

A efectos de cálculo, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Los intervinientes en la operación deberán guardar justificante de aquellos pagos que no se hubieran hecho en efectivo durante un plazo de cinco años desde la entrega del bien o la prestación del servicio, con el objeto de acreditar, si la Administración lo requiriese, que el pago de esas cantidades no se hizo en efectivo.

Esta limitación no se aplicará a los pagos en efectivo en los que sea intermediaria una entidad de crédito.

El incumplimiento de esta limitación constituirá infracción administrativa grave, y se considerará infractor tanto al que realiza el pago como al que lo recibe, respondiendo ambos de forma solidaria de la infracción que se cometa y de la infracción que se imponga.

La base de la sanción será el importe pagado en efectivo, y será una multa proporcional del 25% de dicha base.

No se derivará responsabilidad por infracción para una de las partes intervinientes cuando, en el plazo de tres meses desde la fecha del pago, denuncie ante la Agencia Tributaria la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte. Se tendrá por no presentada la denuncia posterior que pudiera realizar esta otra parte. Si las denuncias se presentan de forma simultánea no se exonerará de responsabilidad a ninguna de las partes.

Esta sanción será compatible con las que se deriven de la comisión de otras infracciones tributarias o por incumplimiento de la obligación de declarar los medios de pago establecida por la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales.

Esta infracción tendrá un plazo de prescripción de cinco años a contar desde el momento de la comisión de la infracción. La sanción también tendrá el mismo plazo de prescripción, que empezará a correr desde que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

El procedimiento sancionador será el establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, correspondiendo la competencia para tramitar y resolver a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se podrá requerir a los sujetos obligados los datos, documentos y antecedentes que sean necesarios, y se incorporarán al expediente sancionador junto con los datos que se hayan obtenido en alguna actuación o procedimiento de aplicación de los tributos y vayan a ser tenidos en cuenta. Así mismo, la recaudación de las sanciones corresponderá a la Agencia Tributaria, tanto en período voluntario como ejecutivo.

Si cualquier autoridad o funcionario, en el ejercicio de sus competencias, tuviese conocimiento de algún incumplimiento de esta limitación de pagos en efectivo, deberá ponerlo de inmediato en conocimiento de los órganos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Esta normativa entrará en vigor a partir del día 19 de noviembre al contrario que la mayoría de las modificaciones introducidas, que entraron en vigor el 30 de octubre, día de publicación de la Ley.

En la actualidad está debatiéndose en el ámbito del Legislativo la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social, que seguro va a dar muchísimo que hablar, y de la que ya trataré, en cuanto sea aprobada, explicar su alcance, tal y como he hecho con esta Ley.

Una vez más, daros las gracias por leerme, y recordaros que podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo, de mi página de Facebook, de mi Twitter o de mi LinkedIn, tanto para consultar dudas sobre esta ley como cualquier otra duda sobre cualquier otra disposición tributaria, transmitirme vuestro interés por tratar en este espacio algún tema concreto referido a impuestos, contabilidad, finanzas, o aquello que os pueda interesar y ser de ayuda, o para cualquier tema en el que profesionalmente pueda seros de ayuda.

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Un comentario

  1. MARIO RIVAS · · Responder

    Bravo por tu trabajo!, José Antonio. Estamos todos expectantes a esas aclaraciones que, como tu mencionas, están por llegar desde la autoridad tributaria.
    Un fuerte abrazo

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