Novedades de la Ley de lucha contra el fraude (1)

En primer lugar, daros la bienvenida a este nuevo blog sobre impuestos, contabilidad, finanzas y economía, donde espero interactuar con todos vosotros y crear una comunidad de interesados por todos estos temas en la que podamos dialogar tanto online como offline.

He elegido como tema inicial una ley que nos va a afectar a todos en mayor o menor medida, bien como empresarios o profesionales, bien como ciudadanos de a pie, como es la Ley 7/2012, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Resumiendo, la Ley de lucha contra el fraude fiscal.

Se han modificado artículos de la Ley General Tributaria, de la Ley General Presupuestaria, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, de la ley que modifica los aspectos fiscales del Régimen Económico de Canarias y de la Ley del Mercado de Valores y se ha introducido un nuevo régimen sobre las entregas de efectivo, que no creo que puedan explicarse bien en un solo post, por lo que he pensado realizar varios para explicar la ley al detalle. Indudablemente, me gustaría que hicierais las preguntas que consideraseis pertinentes en los comentarios, o en impuestosimas@gmail.com o en @impuestosymas. Comencemos.

Exposición de motivos

En la exposición de motivos se refleja que actualmente, debido a “la realidad social y económica en un escenario de crisis y de austeridad presupuestaria”, el fraude fiscal es “una figura más reprochable que nunca”. Parece ser que en este país que se legisla según marca la actualidad, la legislación tributaria no iba a ser menos, y en tiempo de crisis toca meterse con los presuntos defraudadores, que ya hicieron su agosto en plena burbuja inmobiliaria y financiera.
Además, la pretensión del Legislativo es poner a España “a la vanguardia de la lucha contra el fraude” mediante el estudio de “la evolución de los comportamientos fraudulentos y la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa tributaria”. Me gustaría pensar que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar este texto a todos los estamentos implicados en la lucha contra el fraude, pero permitan que lo dude, porque no es el comportamiento habitual del Legislativo ni del Ejecutivo español.

Cambios introducidos en la Ley General Tributaria

Cambios en la responsabilidad derivada

En primer lugar, nos encontramos con que los socios, partícipes o cotitulares de una sociedad de capital no sólo responderán de aquellas deudas tributarias y de las sanciones pendientes con la cuota de liquidación que se les haya asignado (la ley limita su responsabilidad), sino que además se añadirá a la misma las percepciones que se hayan recibido en los dos años anteriores a la fecha de disolución que hayan minorado el patrimonio social, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que les pudiera corresponder. Con esta modificación se pretende evitar que mediante pequeñas operaciones de reparto previo de capital se intente eludir la acción recaudatoria de Hacienda, aunque bajo mi punto de vista es un supuesto muy restrictivo suponer que toda operación de descapitalización realizada en ese plazo (incluido un mero reparto de beneficios pactado con un año de antelación, esto es, con cargo a beneficios de tres años antes) sea un fraude fiscal.

En la extinción o disolución sin liquidación y cesión global del activo y pasivo, se añade a las sociedades las entidades con personalidad jurídica para determinar la sucesión de las deudas tributarias. Por tanto se incluirían tanto las personas jurídicas de derecho público como las de derecho privado (asociaciones, corporaciones y fundaciones), que no estaban contempladas hasta esta reforma, destacando las entidades públicas con personalidad jurídica dentro de este supuesto de sucesión.
En aquellos casos excepcionales en los que la responsabilidad tributaria, ya sea solidaria o subsidiaria, alcance también a las sanciones, si procede reducción del 30% de la misma por conformidad del responsable, la reducción se realizará a la totalidad de la sanción, sin tener en cuenta la reducción que se pudo haber realizado por el mismo motivo al deudor principal. Si se presentase un recurso o reclamación al acuerdo de declaración de responsabilidad sobre su procedencia o sobre las liquidaciones derivadas, se le exigirá la reducción sin más trámite al responsable. Además, se aplicará a los responsables la reducción del 25% de la sanción por pago dentro de plazo sin recurso desde su notificación. Estas reducciones no se aplican si la responsabilidad solidaria es culpable. Con esta modificación se pretende convertir al responsable en un obligado tributario más si no existe culpabilidad o negligencia en los actos que han derivado en la deuda tributaria.

Otra novedad es que los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a declarar e ingresar tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios serán responsables subsidiarios (esto es, responderán de las deudas tras declararse fallida la persona jurídica) siempre que, habiendo continuidad en la actividad, la presentación de autoliquidaciones sea reiterativa y no haya una intención real de pago al presentarlas. Entendemos que en impuestos que deben repercutirse se encuentran tanto el IVA como el IGIC y los recargos procedentes de regímenes especiales como el de la Agricultura, Ganadería y Pesca, y en los impuestos susceptibles de retención estará el IRPF en cualquiera de sus variantes (arrendamientos, trabajadores y profesionales, operaciones financieras, etc.). Se considerará reiteración cuando en un año natural se hayan presentado sin ingreso la mitad o más de las declaraciones, se hayan presentado o no con solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y se hayan presentado en plazo o de forma extemporánea. No obstante no se computan aquellas autoliquidaciones en las que habiéndose presentado solicitud de aplazamiento y fraccionamiento, se hubiesen resuelto de forma favorable, salvo que con posterioridad se incumpliese algún aplazamiento o fraccionamiento, y sin computarse, no obstante, aquellos en los que se ofreciese garantía formal para su cumplimiento. Si se hubieran realizado ingresos parciales, se considerarán realizadas sin ingreso cuando el importe total de los ingresos parciales no supere el 25% de los ingresos que se autoliquidaron. Se presume que no hay intención real de cumplimiento cuando se hubieran satisfecho créditos de terceros con vencimiento posterior a las fechas de devengo de las obligaciones tributarias que no tuvieran preferencia sobre las mismas. Con esta nueva formulación se pretende perseguir una actitud con presunto ánimo defraudatorio que se realiza en el seno de ciertas empresas, aunque dicha presunción, bajo mi punto de vista, es demasiado forzada, ya que puede deberse más a la buena fe del empresario en que haya una solución a sus problemas de liquidez en el corto plazo que a un ánimo por defraudar impuestos.

Siguiendo en la misma dinámica, no serán admitidos los aplazamientos o fraccionamientos de obligaciones que deban cumplir el retenedor y el obligado a realizar ingresos a cuenta, salvo en los casos contemplados en la normativa. Así mismo, en caso de concurso de acreedores, no podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias que tengan consideración de créditos contra la masa, esto es, aquellas que se generen con posterioridad a la declaración del concurso. De esta forma se intenta evitar que se prorrogue artificialmente el cobro de estas deudas por parte de la Hacienda pública, aunque en este caso se dificulta un poco más la labor de los administradores concursales, que se verán obligados en multitud de casos a paralizar la actividad de muchas empresas concursadas por la imposibilidad de hacer frente a los impuestos que puedan causarse por la misma.

Mañana seguiremos con más cambios en la Ley General Tributaria. Un saludo y gracias por leerme.

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8 comentarios

  1. Enhorabuena por tu nuevo blog José Antonio.
    Seguro que va a ser de lectura obligada para los que nos dedicamos a la Fiscalidad y Contabilidad a la economía en general.

  2. Enhorabuena José Antonio, te seguiremos!

  3. […] y como les comenté ayer, seguimos con los cambios en la Ley General Tributaria, esta vez en lo relativo a la prescripción […]

  4. Manuel Viguera sánchez · · Responder

    Me sumo a los mejores deseos para tu nuevo proyecto que, seguro, no será el último. Te seguiré en esta, como ya lo vengo haciendo en otras sedes, en las que siempre aportas mucho a los que nos dedicamos a la asesoría fiscal.
    Enhorabuena y gracias por tu hiperactividad.

  5. María Maroto · · Responder

    Al fin he entendido lo que quería decir la ley en estos aspectos. Voy a por el capítulo II. Gracias. Te seguiré

  6. Muchas gracias por acercarnos con tus visiones y explicaciones el complejo mundo de la fiscalidad. Me encanta el tema. Enhorabuena por este blog. Te sigo, claro.

  7. Enhorabuena José Antonio,Podrías comentar las consecuencias del cambio del sujeto pasivo de IVA en las operaciones de ejecuciones de obra. ¿ Cómo se gestionarán los promotores las facturas que reciban de los contratistas?, Si no estoy mal informado éstas irán sin IVA , pero tendrán que liquidar el IVA del servicio a la Hacienda Pública, la verdad que no tengo ni idea de cómo se tendrán que gestionar, libros registros, cumplimentar el modelo 303, etc….
    Saludos y gracias.

  8. […] y como les comenté ayer, seguimos con los cambios en la Ley General Tributaria, esta vez en lo relativo a la prescripción […]

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